Inclusión Financiera para los actores de la cadena minera
Última actualización 24/06/2022

24 junio 2022

Contexto

En los últimos años, la participación del sector minero en la economía del país ha incrementado significativamente, debido a esto, el gobierno en aras de garantizar que el sector minero tenga una mayor inclusión en los servicios ofrecidos por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (en adelante “SFC”) y/o por la Superintendencia de Economía Solidaria (en adelante “SES”), ha expedido la ley 2177 de 2021, la cual establece las condiciones para que el análisis para la vinculación de un agente del sector minero a una entidad financiera se desarrolle atendiendo estrictamente a un análisis objetivo de su información.

¿A quiénes aplica esta norma?

La ley 2177 en su artículo 2 determina que las disposiciones desarrolladas serán aplicables a:

a.     Titulares mineros.

b.     Explotadores mineros autorizados

c.     Comercializadores de minerales.

d.     Plantas de beneficio.

e.     Prestadores de servicios especiales, es decir, aquellos que realizan las labores de exploración, construcción y montaje, explotación, cierre y abandono.

f.      Mineros en proceso de formalización y legalización.

g.     Cuenta participes.

h.     Demás actores que intervienen en la cadena de suministros

 

Proceso de conocimiento para las entidades vigiladas por la SFC

Ahora bien, el artículo 4 establece una obligación a las entidades vigiladas de informar y capacitar al sector minero sobre los requisitos y los pasos a seguir para vincularse a las entidades vigiladas y los servicios o productos a los que pueden acceder, para cumplir esta tarea es fundamental remitirse a la Circular Básica Jurídica, la cual establece que se debe surtir un proceso de conocimiento del potencial cliente, el cual incluye la recopilación, análisis y contraste de una serie de información general, financiera, de gobierno corporativo, demográfica, transaccional, relacionada con la trayectoria empresarial y negocial del potencial cliente y sus relacionados, entre otros.

Además de esta información básica, las entidades vigiladas pueden desarrollar procesos de debida diligencia ampliada para aquellos potenciales clientes que ostente alguna o algunas de las siguientes características: (i) aparición en procesos judiciales o noticias relacionadas con Lavado de Activos, sus delitos fuente, la Financiación del Terrorismo o Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LAFTFPADM); (ii) ser una Persona Expuesta Políticamente (PEP) en los términos del Decreto 1081 de 2015 con sus modificaciones; (iii) estar ubicado en una circunscripción territorial sensible o (iv) por desarrollar su actividad económica en un nicho de alto riesgo y exposición al riesgo de LAFTFPADM, caso en el que se halla el sector minero según la Unidad de Información y Análisis Financiero en la Evaluación Nacional de Riesgo de 2019.

Para superar exitosamente el proceso de debida diligencia, es de suma importancia que el actor del sector minero cree, actualice y robustezca constantemente los siguientes aspectos:

·                Apertura y transparencia frente a la entidad financiera

Con la finalidad de acercar el sector minero y el sector financiero, desde las autoridades, las agremiaciones y desde cada actor de ambos sectores se vienen ejecutando programas como del que hace parte este documento para generar mayor transparencia, conocimiento mutuo y entablar así tratativas precontractuales acertadas; pero lo más relevante es que en la debida diligencia durante el proceso de vinculación, el actor minero brinde información clara, amplia y suficiente, incluso, de ser necesario, aportar detalles sobre su rol en la cadena minera y la modalidad bajo la que operan.

·                Cumplimiento Regulatorio.

Una vez informado a la entidad financiera qué rol desarrolla el potencial cliente en la cadena minera y bajo cuál modalidad lo hace, será más eficiente y efectiva la identificación de qué autorizaciones o requisitos legales debe haber cumplido para su ejecución en cumplimiento del ordenamiento jurídico. Con esta identificación, la entidad financiera tendrá claridad sobre si debe contar o no con: un título minero inscrito en el Registro Minero Nacional - RMN, autorizaciones ambientales, información sobre el contrato de concesión, póliza minero ambiental, Publicación en el Registro Único de Comercializadores de Minerales - RUCOM y/o certificaciones de origen, entre otros; y determinar cuáles documentos e información debe ser aportada en el proceso de conocimiento del cliente.

·                Gestión del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - LAFTFPADM.

Con el fin de gestionar adecuadamente el riesgo de LAFTFPADM dentro del proceso de acceso a productos financieros por parte de los actores del sector minero estos deberán dar cumplimiento a lo establecido en el capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, lo cual implica, entre otras cosas: identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo, contar con un Oficial de Cumplimiento que diseñe e implemente el sistema, conocer y buscar en listas restrictivas a todas las personas con las que se relacione, además de hacer debida diligencia ampliada cuando se identifique algún riesgo adicional, crear una matriz de riesgo LAFTFPADM, asignar recursos humano y tecnológico, capacitar constantemente a todos los funcionarios en esta materia, hacer los reportes debidos a la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF. Además, todas las políticas y procesos diseñados en esta materia deberán plasmarse en un Manual SAGRILAFT, el cual debe ser constantemente revisado, actualizado y su aprobación debe ser por la Junta Directiva o máximo órgano social de la entidad.

·                Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE.

A la par de la implementación del SAGRILAFT, es pertinente contar con un Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE en el que se identifique, mida, controle y monitoree el riesgo de Cumplimiento Normativo, Corrupción y Soborno Transnacional y se implementen estándares éticos apropiados para el modelo de negocio del potencial cliente. Asimismo, este sistema debe contar, entre otros, con los siguientes elementos: designar a un Oficial de Cumplimiento que diseñe e implemente el sistema, regulación de remuneraciones y pago de comisiones a empleados, contribuciones a campañas o partidos políticos, políticas, recepción o remisión de donaciones, regalos o dádivas a terceros, creación de canales anónimos y confidenciales de denuncia de cualquier actividad sospechosa, asignar recurso humano y tecnológico, y capacitaciones sobre estas medidas a todos los funcionarios de la compañía.

 

 Otros elementos relevantes de la ley

Ahora, la ley 2177 de 2021 en los artículos 6, 7 y 10 establece la obligación de las autoridades mineras de remitir la información necesaria para la identificación de los sujetos beneficiarios de esta ley, a su vez, determinar que la vinculación de los mismo estará sujeta a que estos cumplan el análisis de riesgo establecido por cada entidad con sujeción a que la decisión de no abrir el producto financiero debe estar sustentada en una causal objetiva y posterior a un análisis, estando prohibido rechazar por el mero hecho de pertenecer al sector minero.

Es importante resaltar que esta norma no hace obligatoria una respuesta positiva ante cualquier solicitud de apertura de producto por parte de los actores del sector minero al financiero, aún es posible una negativa, esta deberá estar fundamentada. Asimismo, La inadmisión o rechazo de la solicitud de bancarización por parte de las entidades financieras, dará al interesado el derecho a que el Banco Agrario, les facilite el servicio y el acceso a los productos financieros.

 

 

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